Una historia de trabajo, resistencia y dignidad
- Éxodo Digital
- 5 oct
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Por María Mercedes
Trabajar en una fábrica jaladora de muebles tres décadas, incluyendo 12 años más fuera de planilla, no le garantizaron lo que su patrono, un empresario de origen chino le ofrecería por su trabajo, una liquidación de 8 mil quetzales, una miseria y una burla legal.

Su jornada laboral era una mezcla de roles que no le corresponden, operando área telefónica, mensajería, limpieza de oficinas, todo esto por un salario que apenas superaba el mínimo. Pero la explotación más grave fue la pérdida de la vida de sus compañeros.
Doña Hilda recuerda a Pedro y a Carlos, este último desarrolló una cirrosis de depresión por el ambiente laboral tóxico. Morían sin permisos, sin atención médica y sin ser valorados.
"¿Y usted dice que el que no debe toda la empresa es él? Lléveselo, no sea ingrato. Porque solo le sirvió para hacerle el dinero y ahora que lo mira mal, tiene miedo de llevárselo en su carro," increpó Doña Hilda al jefe, poco antes de que Carlos falleciera.
En 2011, el dueño sacó a Doña Hilda de la planilla formal, aunque le exigió seguir trabajando en las mismas condiciones. Cuando ella finalmente reclamó en 2022 ante el Juzgado de Trabajo, la empresa argumentó que ya no tenía derecho a la indemnización por haber dejado pasar demasiado tiempo.
‘‘Me sacó una comisión de Q8.000 quetzales nada más. De esos supuestos 34 años’’. relata doña Hilda. Siendo el dueño un gran inversionista, que trabaja con el dinero bajo la mesa para no pagarle a los trabajadores.
En 2023 acudió al Ministerio de Trabajo a poner una denuncia: "Yo fui por mi cuenta" asegura. Cuando ella finalmente reclamó en 2022 ante el Juzgado de Trabajo, la empresa argumentó que ya no tenía derecho a la indemnización por haber dejado pasar demasiado tiempo.
"Salí de la planilla hace 12 años pero no de la fábrica. ¿Entonces por qué no hay derecho?", cuestionó Doña Hilda al licenciado.
Además, el caso de Doña Hilda se suma a un alarmante número de denuncias laborales contra comercios y empresas chinas desde 2023 en Guatemala, donde se repiten los patrones de falta de contratos, no pago de prestaciones y despidos injustificados, tal como lo reporta Expediente Público.
El Ministerio del Trabajo compartió que, del total de denuncias, a los comercios chinos corresponden 175 casos en 2023, 200 en 2024 y 64 en lo que va del 2025. Se desconocen si las denuncias son de una misma empresa o varias, por la falta de información clara de las autoridades.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), más del 70% de la población trabaja en condiciones de informalidad, lo que facilita el abuso de empresas como las del comercio chino que ofertan un empleo supuestamente formal.
La Inspección General de Trabajo no proporciona información clara sobre el número de estas empresas, ni su ubicación y no hay un censo laboral específico para industrias vinculadas al comercio chino.
Una de las debilidades es la falta de inspección y aplicación de leyes cuando se trata de empresas con fuerte poder económico, incluyendo las importadoras, las inspecciones se limitan a procedimientos administrativos sin seguimiento efectivo.
Ella afirma haber sido testigo de cómo el dueño de la empresa manipulaba las inspecciones: "Cuando siente el patrono que ya está perdiendo, hacen un sobre, con dinero, y se lo da al que llega".
El dueño, ha evadido presentarse ante la justicia en varias ocasiones, enviando a un amigo o hermano, en lo que parece ser una estrategia de desgaste.
Ahora, la esperanza de justicia recae en el caso de Juan, otro ex-empleado que sirvió como guardián por 26 años. Juan, respaldado por un licenciado, interpuso una denuncia en el Ministerio Público. La audiencia clave está fijada para el 12 de octubre, donde Quinto deberá por fin afrontar las consecuencias.
"Ahorita sí o sí," afirma Doña Hilda con una mezcla de amargura y esperanza.
Su caso no es solo la historia de una explotación laboral, es un sistema de impunidad donde la corrupción y el desprecio por los derechos humanos operan a la luz del día por la ineficiencia del sistema de justicia guatemalteco.
El caso de esta fábrica de es un claro ejemplo de cómo la explotación laboral puede operar impunemente durante años, dejando un rastro de dolor humano, enfermedades y, en el caso de Doña Hilda, la sensación de haber sido robada después de dedicar su vida a un "inversionista" sin escrúpulos.
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